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La vicepresidenta ha reiterado la disposición del Gobierno de Cantabria para trabajar en la puesta en marcha de las 38 medidas que este Pacto considera prioritarias para 2018
La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha expresado hoy la necesidad de «intensificar» la coordinación entre las diferentes administraciones y entidades implicadas en la lucha contra la violencia de género para abordar «uno de los retos más importantes» de los próximos años, como es «desarrollar y poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género».
Durante la reunión de la Comisión Interdepartamental para la Violencia de Género, ha destacado la implicación y «disposición» del Gobierno de Cantabria para «trabajar intensamente» en la puesta en marcha de las 38 medidas que el Pacto de Estado considera prioritarias para este año 2018.
En este sentido, Díaz Tezanos ha destacado el «compromiso claro y firme» del Gobierno de Cantabria en la lucha contra la violencia de género y ha destacado el papel «relevante» de la Comisión Interdepartamental para «coordinar, seguir, valorar y controlar todas las medidas y actuaciones que se realizan desde las diferentes consejerías».
Para la vicepresidenta, es fundamental implementar de manera «transversal y coordinada las medidas integrales de sensibilización, prevención y erradicación de la violencia de género, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas y a sus hijos o hijas o personas sujetas a tutela o acogimiento» y, de manera más intensa en los próximos meses, aquellas «contenidas en el Pacto de Estado».
Este Pacto recoge un conjunto de propuestas de actuación para los próximos años, entre las que se incluyen las principales reformas que es necesario llevar a cabo para dar cumplimiento efectivo a este fin, así como las recomendaciones de los organismos internacionales, Naciones Unidas y el Consejo de Europa.
Cuenta con una financiación de 1.000 millones de euros para cinco años, con una aportación anual de 200 millones de euros, de los que 80 corresponden al Gobierno de España, 100 para las comunidades autónomas y 20 para los ayuntamientos.
El Pacto se articula en 10 ejes de actuación: sensibilización y prevención; mejora en la respuesta institucional; perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas; intensificar la asistencia y protección a menores; impulso de la formación; seguimiento estadístico; recomendaciones a las comunidades autónomas entidades locales y otras instituciones como agentes colaboradores; visualización y atención a otras formas de violencia contra las mujeres; compromiso económico y seguimiento del pacto.
